El crimen de Samir Flores Soberanes –opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM)– es responsabilidad del mal gobierno y sus patrones, que son las empresas y sus grupos armados legales e ilegales, que así pretenden robarnos, llevarnos la muerte y apagar las luces que nos dan esperanzas, acusaron el Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Otras 11 organizaciones no gubernamentales (ONG´s) de Chiapas, entre ellas los centros de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y Fray Matías de Córdova, así como La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes y de Derechos de la Mujer, exigieron justicia por el asesinato y garantías de protección para quienes se oponen al PIM.
Apuntaron que en medio de una escalada de desprestigio y criminalización a organizaciones sociales y civiles, la administración de Andrés Manuel López Obrador incrementa el riesgo a la vida de quienes enfrentan amenazas a su integridad y seguridad a consecuencia de su labor de apuesta por la paz, el territorio y la vida.
